“Los altos costos, la pérdida de interés de los inversores, el impuesto a la tierra y, básicamente, la incertidumbre frente a reglas de juego no claras, son temas que están encendiendo distintas luces amarillas en el sector agropecuario”, aseguró este jueves a El Observador el gerente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Arroyo.
El productor se quejó de los impuestos, de la mano de obra cara, del peso del Estado y arremetió contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que tuvo su aprobación este miércoles en la Cámara de Diputados.
“En los costos uno tiene que analizar muchas cosas; se tiene la mano de obra más cara de la región, los servicios del Estado más caros de la región. Por ahora estamos agarrados de los precios internacionales, que hoy van tapando todos los problemas. (Pero) con cualquier patinada en los precios internacionales, todo esto se cae como un castillo de naipes, eso es lo más claro”, dijo Arroyo.
Aseguró también que “para mucha gente” una situación de esa naturaleza “significará tener que generar vales para poder pagar impuestos ciegos que no se compadecen de la renta”.
La aplicación del ICIR generó intensas polémicas desde que el presidente de la República, José Mujica, comunicó su idea de implementarlo. En la fuerza política del gobierno hubo divisiones y este miércoles el bloque de diputados astoristas votó aduciendo disciplina partidaria. Además, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, eludió varias veces asistir al Parlamento para defender el proyecto. Desde que Mujica lanzó la idea del impuesto, el secretario de Estado planteó reparos.
Arroyo dijo que el impuesto es “tan absurdo, pero tan absurdo, que hasta la academia está en contra”. “La Facultad de Agronomía, a través de su decano y uno de sus catedráticos dijo claramente que esto era un absurdo y que impactaba básicamente a los productores uruguayos, no a las grandes empresas. Pero no quieren escuchar porque es un tema ideológico, no racional, y a los temas ideológicos no hay con que darle, no hay argumento que valga”, agregó notoriamente disgustado.
Hizo referencia a que el ICIR “va en contra de la filosofía que dominaba cuando se impulsó la gran expansión del sector agropecuario” y utilizó el concepto de “impuesto ciego” para referirse al IRIC porque “si uno pierde, igual tiene que pagar”.
Sobre el argumento de la plusvalía que maneja el gobierno para aplicar el ICIR, Arroyo dijo que “el Estado se cobra esa valorización de la tierra cuando el propietario va a vender” ese bien. “¡Y bien que se la cobra, eh!”, insistió.
“La gente no vive del valor de la tierra, vive de lo que produce la tierra. El productor se hace de la famosa plusvalía el día que vende la tierra y, en ese momento, el Estado está para cobrarle. Lo que pasa es que quieren cobrar dos veces: por tenerla y después por venderla. Es una barbaridad”, recalcó.
El reclamo por los costos realizado por Arroyo no es exclusividad de la ARU, pues los grupos inversores argentinos han dado otra señal de alerta, informa este jueves el semanario Búsqueda, ya que “repliegan sus negocios en Uruguay”.
“Hay mucha gente retirándose del negocio o achicándose, y a diferencia de años anteriores cuando se renovaban las empresas, ahora no se ven tantos grupos entrando”, dijo a Búsqueda el gerente agrícola de la sociedad argentina Zed, Martín Tezanos.
Por su parte, el gerente general de la empresa, Jorge Francomano, indicó que “el negocio está dejando de ser atractivo y competitivo por el aumento de costos internos u de insumos importados, como los fertilizantes”.
FONTE: EL OBSERVADOR
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