Uruguay - Cuál exportación en pie

La libre exportación de ganado en pie concretada en 1992, nunca fue una disposición implementada para facilitar que nuestros animales se fueran caminando de nuestras fronteras.

Julio Preve Folle

Muy por el contrario, la libre exportación integró un paquete de medidas cuyo fin fue lograr la confianza de todos en la transparencia en la formación del precio del ganado, para que esa confianza, con una expectativa de precios relativos favorables, pudiera alentar la inversión en un sector con ventajas comparativas claras. En este sentido, la libre exportación en pie fue concebida como la exigencia mínima de precio para un eslabón de la cadena cárnica, respecto del eslabón anterior. Así pues, con la libertad funcionando, el invernador debe pagar por la reposición, al menos el equivalente de exportar en pie los terneros o novillitos. Y el frigorífico por el ganado gordo, al menos pagará el equivalente de su venta externa. Este piso en los precios que introduce la exportación en pie, que supone una exigencia mínima no solo para la industria sino también para el invernador, para ser creíble, para tener sentido económico, debe ser totalmente libre. Si, en cambio, se hace sospechosa de intervenciones impredecibles, inesperadas, indeterminadas, no se trata de libre exportación en pie sino apenas de su caricatura. Y su efecto económico, lejos de significar la existencia de un precio piso -el de la paridad de exportación- pasa a ser lo que la voluntad del gobernante de turno quiera.

No es libre
Esto es precisamente lo que vivimos ahora. La exportación en pie ha dejado de ser libre, para convertirse en el modo según el cual el dirigismo del MGAP interpreta la realidad ganadera: si le parece necesario que se vaya ganado la habilita, si le parece lo contrario, no. Me apresuro a señalar nuevamente que esta exportación en pie no tiene nada que ver con la de 1992, que duró prácticamente hasta el año 2010. Aquella era el producto de la libertad y aportaba a la transparencia en el precio; esta es una muestra más de discrecionalidad, de intervención oficial previa según permisos que se conceden o no, sin norma jurídica que habilite a actuar de esta manera, generadora de sospechas quizás infundadas, como ocurre siempre que la transparencia está en juego.

¿Cómo eran las cosas? Hasta el año 2010 el trámite en el MGAP demoraba, según me señala un operador, entre 48 y 72 horas. Digo especialmente la palabra trámite y no permiso, que es como habitualmente se lo menciona, porque el gobierno no tiene ninguna facultad, ninguna, para permitir o prohibir la exportación en pie. El término "permiso" está mal aplicado. El gobierno lo único que puede hacer es exigir los requisitos sanitarios acordados con el comprador, tampoco los que se le ocurra. Lo contrario, o sea utilizar la expedición de permisos sanitarios con el fin de cuotificar la exportación es simplemente un abuso, una alteración del orden jurídico que existe también en la frutas y verduras, en los pollos, en el vino, pero ajeno al funcionamiento legal. ¿Cómo son los trámites ahora? El que quiere exportar ya sabe aunque no está escrito en ningún lado, que difícilmente logrará "permisos" para ganado gordo; y en cuanto a categorías jóvenes su solicitud puede demorar un año o más. Para explicar semejante exabrupto se han señalado razones de falta de personal, de otras ocupaciones del funcionariado, etc. Quisiera subrayar enfáticamente que ninguna razón instrumental puede ponerse por delante del ejercicio de la libertad. Y por otra parte resulta difícil aceptar que esta administración, que ha multiplicado el funcionariado público, no pueda encontrar la forma de resolver supuestas faltas de personal que al menos hasta 2010 no tenían este efecto. No parece razonable.

Después de presentada la solicitud, cuya resolución no solo es larga en el tiempo sino peor aún, indeterminada, el solicitante paga por el conjunto de tareas que realiza el MGAP, un costo que prácticamente triplica en dólares al del año 2010. Incluye expedición de certificado, análisis de laboratorio, destrucción de tubos de ensayo, etc.


Si se tiene la suerte de que se acepte la solicitud, la validez de la misma es también limitada: 40 o 60 días, plazo en el que no es fácil concretar un negocio en el que hay mucho que coordinar y gestionar. Son muy pocos y en base a potentes infraestructuras los que pueden resolver todo en ese tiempo. Así las cosas y como solía ocurrir con el Afidi (Acreditación Fitosanitaria de Importación), se genera una suerte de mercado secundario de permisos, lo que supone un deterioro institucional y una prueba más de la inexistencia de libertad: si ésta fuera completa, un permiso no debería valer nada, cualquiera podría tramitarlo.

Sin reglas
Como he señalado otras veces, no me molesta que el gobierno desee prohibir esta o cualquier otra exportación. Sería un grave error y punto. Lo que verdaderamente más molesta, lo que agravia el sentimiento republicano, es que el MGAP quiera prohibir la exportación de ganado en pie, pero al margen de la norma legal. O algo peor todavía, que es dejar librada esa posibilidad a la discrecionalidad de la autoridad en cada momento. Si el MGAP quisiera restringir la exportación en pie, limitarla a algunos períodos, a alguna categoría o a un cierto número de cabezas, ello requeriría una regla. Si se pudiera conocer una norma general impersonal y pública, aunque fuera parcial o totalmente restrictiva, esto sería más transparente que andar usando los permisos sanitarios como forma de lograr lo que ninguna norma permite.

Si el gobierno dudaba como yo mismo dudo, de la legitimidad comercial del negocio con Turquía, debió operar de modo público y transparente respecto de estas exportaciones y solo de estas.

Con poca transparencia, con dudas sobre los procedimientos, no solo cae la calidad institucional, sino que a lo mejor se deteriora innecesariamente la imagen del MGAP, que debería despejar toda incertidumbre. Pero hay otra amenaza sobre la que muchos colegas escriben, que no sería tal si la intervención del MGAP en este tema fuera de reconocimiento a la libertad de la gente, sin discrecionalidad alguna. Me refiero a la parición de alrededor de 3 millones de terneros que, clima mediante, nos llevaría a una cantidad de nacimientos como no ocurría desde la primavera de 2002. Y que enfrentará una demanda para invernada que es probable sea bastante menor. Si así fuera y con fronteras dudosamente abiertas, podría instalarse un lío grande para los criadores. Estos deberían ser a futuro las vedettes, en particular cuando Argentina, que no es imaginable pensar que siempre va a estar caída en su producción de carne, empiece a recomponer su negocio ganadero, precisamente a partir de la libertad de comercialización que perdió.